José María Rincón, cofundador de la plataforma Homming; Carlos Debasa, presidente de la Asociación Gallega de Inmobiliarias, y Juan José Yáñez, director gerente de asociación que agrupa a los promotores inmobiliarios de la provincia de A Coruña (Aproinco) coinciden al señalar que lo que está elevando el precio de las viviendas a niveles que los inquilinos no son capaces de pagar es la ausencia de oferta disponible. «El ínfimo numero de unidades en el mercado, unido a una demanda cada vez mayor, ha provocado que los precios hayan alcanzado valores inasumibles, provocando que la búsqueda de un piso de manera unipersonal se haya convertido en un imposible debido a la proporción del valor de renta respecto a los ingresos», subraya Debasa.
Viviendas cerradas. Sí las hay, dice Debasa, quien matiza que el dato no es fiable. La Xunta, que es quien tiene las competencias, no ha cerrado la definición de «vivienda vacía» y, al no existir definición oficial, cada cual puede utilizar los conceptos que considere para calcularlas. A su juicio, obtener esta descripción permitiría diseñar acciones concretas «buscando el bien común». En paralelo, sería necesario encontrar una fórmula para que al propietario le resultase más interesante tener la vivienda en el mercado que parada. ¿Cuál es? Dar facilidades, incentivos y, ante todo, seguridad.
Yáñez recalca que no hay tanta vivienda vacía como se dice y se pregunta si se contabilizan como vacías las que están en ruinas. «¿Qué familia prefiere tener una vivienda cerrada y no cobrar una renta?», reflexiona. Apuesta por un incremento de la oferta a través del impulso de fondos para poner en marcha vivienda protegida —tanto en régimen de venta como de alquiler—, «como se había hecho hasta entre 1990 y el 2010, período en el que todos los planes eran válidos».
Rincón abre una espita: «La falta de seguridad legislativa en alquileres de larga duración hace que se genere mucha incertidumbre, inquietando a los propietarios de las viviendas en alquiler, lo que conlleva que muchos la retiren del parque disponible o que busquen otras alternativas, disminuyendo aún más la oferta».
¿Cómo ha influido la nueva ley de vivienda en el tremendo momento que vive el mercado? Ha generado desconfianza e incertidumbre, lo que provoca que muchos propietarios se planteen el alquiler de su vivienda por meses, por temporadas o por habitaciones, explica Rincón. «Partiendo de que el problema raíz en materia de alquiler en España es la oferta, es fundamental trabajar para en generar confianza jurídica a los dueños de los inmuebles» y poner en marcha, por ejemplo, medidas como el incremento de los incentivos fiscales en alquileres de larga duración frente al vacacional. Desde la perspectiva del inquilino, Homming constata que el parque de vivienda en alquiler de larga duración, sobre todo en grandes ciudades, aparte de ser escaso, está muy envejecido y, por lo tanto, es poco atractivo. Aboga así por introducir medidas que fomenten la renovación del parque de viviendas actual.
Debasa sí defiende la nueva ley de vivienda porque era «completamente necesaria», aunque es «manifiestamente mejorable», ya que se desarrolló sin contar con los actores del sector.
¿Cómo se ha de calcular el precio del alquiler para que sea «justo» tanto para el arrendador como para el arrendatario? Rincón no tiene duda: la colaboración público-privada es fundamental para poder ampliar el parque de vivienda en alquiler con precios asequibles para los inquilinos. Todas las iniciativas orientadas a incrementar la oferta de viviendas de larga duración harán que la demanda se vaya igualando y, por lo tanto, los precios se vayan ajustando a las necesidades del mercado. E insiste en que medidas que provoquen una reducción del parque de viviendas o una migración de viviendas hacia el vacacional conllevarán subidas en precios del alquiler, convirtiéndose en muchos casos en algo inaccesible.
También confirma que hay viviendas cerradas —«enVigo hay muchas, cerradas y vacías»—, y habría que conocer las razones que tienen los propietarios para no sacarlas al mercado. «Es probable que por miedo, porque no tienen una necesidad económica y, posiblemente, porque tenían estas viviendas para sus hijos o algún familiar, objetivo que no se llegó articular. Ante el miedo y la inseguridad prefieren tenerlas cerradas, pese a que muchas de ellas serían idóneas para poder alquilar». Habla de fórmulas que reviertan esta situación: «Nosotros no abogamos por medidas coercitivas, sino que proponemos dar incentivos a los propietarios para que relancen las viviendas y desciendan los precios.
Considera que la nueva ley de vivienda no está teniendo impacto en Galicia porque no se está articulando y, preguntada sobre cuál es la solución para afrontar el problema habitacional tanto desde el punto de vista de los inquilinos como de los propietarios, dice: «No es única. Pero sí necesitamos poner el foco en recuperar los parques de vivienda social, alquileres sociales, contar con recursos y alternativas para situaciones de emergencia, dinamizar bolsas de vivienda con garantías para propietarios y apoyo para inquilinos. Hay medidas que no arreglarían totalmente el problema, pero sí mitigarían su impacto».
Ana Pardo considera que limitar el precio de los inmuebles por zonas o características afectaría en positivo. Nunca un inquilino debería de destinar más de un 30 % de sus ingresos al alquiler. «Y esto —recalca— no pasa. Y no me refiero a personas con vulnerabilidad. Hablo de un matrimonio joven, con dos sueldos, y con dos niños, por ejemplo». Lo coherente, a su juicio, sería no inflar costes y ser más responsables teniendo en cuenta los ingresos medios que tenemos a día de hoy, pero obviamente el dueño es libre en el momento de poner precio a la vivienda. «Nosotros trabajamos con muchos propietarios con mucha conciencia social y están poniendo de manera adecuada el coste a sus inmuebles, porque entienden que va a ser mejor para ellos a medio y largo plazo».
Fuente: La Voz de Galicia (Artículo de Sofía Vázquez)
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